En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró que los servicios jurídicos de la Abogacía General del Estado “están estudiando” lo sucedido y aprobado por el Pleno del Parlamento de Cataluña, pero admitió que por su contenido “no tiene ámbito de impugnación”.

Catalá explicó que la Abogacía General del Estado siempre analiza “ante una hipotética impugnación” a través del Tribunal Constitucional o de la vía administrativa si lo ocurrido en el Parlament “genera algún tipo de violación o alteración del marco normativo”.

El ministro recordó que en este caso se trata de una mera declaración política sin consecuencias jurídicas, ya que existe “reiterada jurisprudencia” al respecto. “Cuando nos encontramos con declaraciones políticas, no tiene ese ámbito de impugnación y en ese ámbito es en el que nos estamos moviendo en este momento”, dijo.

Respecto a la situación de Carles Puigdemont en Waterloo, donde se encuentra huido de la Justicia española viviendo en una residencia de lujo, el Gobierno dijo desconocer cómo sufraga allí sus gastos con ese nivel de vida pero aseguró que no puede ser con fondos públicos que vigila el Ministerio de Hacienda. En cualquier caso, indicó que se está investigando.