La organización denunció en un comunicado que esta situación “provocó no solo un amplio rechazo social y profesional, sino graves problemas de salud para una población ya de por sí especialmente vulnerable”.

En este sentido, recordó que la mayoría de las comunidades autónomas “pusieron en marcha normativas de diverso rango para garantizar y/o favorecer esta asistencia sanitaria”, aunque “fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Gobierno central y recientemente se han anulado las legislaciones de cuatro de estas comunidades”.

Ante esto, la federación señaló que “aunque las anulaciones se han producido por problemas competenciales, entendemos que el derecho a la salud de las personas es un derecho básico recogido por los tratados internacionales que debe de prevalecer sobre otros de carácter técnico-organizativo”.

Asimismo, criticó que de estas decisiones del TC “se deriva una situación de desprotección de un grupo de personas que tienen con frecuencia serios problemas de salud y que pueden provocar serios problemas de salud pública”.

Por todo ello, reclamó que “es urgente la derogación del RDL 16/2012 por inhumano, lesivo para la salud e ineficaz desde el punto de vista sanitario”, y añadió que los recursos presentados a las legislaciones autonómicas “ponen en evidencia que tenemos un Gobierno despiadado con los débiles y comprensivo y colaborador con los corruptos y poderosos”.