Así se desprende del artículo titulado ‘Sobre la reforma constitucional del Estado autonómico’ publicado por el catedrático en Derecho Administrativo Germán Fernández Farreres en el último número de ‘Papeles FAES’.

En el escrito defiende que no es el momento “adecuado” para abordar una reforma constitucional, ya que “si escasas son las expectativas de que pudiera mejorar la situación actual, muchas son, por el contrario, las posibilidades de alimentar una controversia política indeseable por estéril y frustrante”.

“¿Qué hacer entonces?”, se pregunta el autor del texto, que reconoce que “pocas cosas se pueden hacer”, porque “no todo pasa por modificar y reformar” una Constitución que precisamente otorga “tantas posibilidades” de actuación.

La tarea actual, remarca, es “sencillamente la de cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución con todo el rigor que reclama la legitimidad que las ampara”. Defiende que la estricta aplicación de la ley, “máxime cuando se la desafía de manera frontal y hasta chulesca”, es lo primero.

Demanda, por tanto una estricta aplicación, “sin dudas, titubeos, ni condicionamientos derivados de estrategias políticas”, al tiempo que advierte de que si no se actúa así, se corre un “serio riesgo institucional”, el de la deslegitimación del Estado como tal.

Además, muestra su sorpresa por el hecho de que los “empeños reformistas” se traduzcan en “positivizar la actual jurisprudencia constitucional o corregirla mediante la modificación de la norma”. En este sentido, dice que “la falta de concreción de la propuesta de un modelo federal es más que notable y parece tener sobre todo un alcance ideológico”.

Por todo ello, en este análisis se concluye que hace falta “voluntad colaboradora y cooperadora” en el marco de una “verdadera lealtad constitucional”. De no ser así, avisa, “por muchas que sean las técnicas y las previsiones que acumule la Constitución, de poco servirán”.