En su intervención, el diputado de Ciudadanos Francisco Igea recordó que España es “líder indiscutido en donación de órganos”. En el año 2016 se alcanzaron los 43,4 donantes por millón de habitantes, lo que “se traduce en un total de 2.018 donantes en todo el territorio y 4.818 trasplantes realizados en este año”. Por órganos, la distribución es de 2.994 de riñón, 1.159 de hígado, 281 de corazón, 307 de pulmón, 73 de páncreas y 4 de intestino.

Sin embargo, aseguró Igea que “hay déficits que debemos subsanar como la forma que tenemos de tratar a estos donantes generosos y solidarios que dan un riñón o parte de su hígado para salvar la vida de otras personas. De hecho, según los datos de la Asociación Española de Familias de Trasplantados de Hígado, el 60% de estas personas tienen problemas en su trabajo y el 10% se enfrentan a un despido por este acto altruista”.

Ante esta situación, el grupo parlamentario de Ciudadanos solicitó las modificaciones legales necesarias para garantizar que en el proceso de donación de un órgano, los trabajadores donantes puedan gozar de los permisos precisos, a fin de poder acudir a las pruebas diagnósticas, estudios de compatibilidad, así como los permisos de recuperación, cubiertos económicamente, para la operación de extracción del mismo y el tiempo preciso de recuperación de la donación.

Además, pidió evaluar la posibilidad de declarar nulos los despidos a una persona donante siempre que no sea por causas objetivas, y se realice por causas que se puedan achacar a consecuencias de la donación, en el año siguiente a este proceso.

Para la diputada socialista Miriam Alconchel, “es contradictorio que estas personas no estén protegidas. Al no estar enfermas no pueden pedir bajas laborales y se ven obligadas a aprovechar sus vacaciones para hacer una donación y esto hay que evitarlo y poner soluciones ante una situación que no es justa”.

De igual forma, la diputada del grupo parlamentario popular Mª Mar Blanco, subrayó que “pese a que este Gobierno ha ampliado la protección de estos donantes, aún nos queda mucho por hacer. Por ello, hemos presentado una enmienda a esta proposición no de ley para que la protección de estas personas sea efectiva durante todo el proceso de la donación.

En esta sesión, la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales también aprobó por 19 votos a favor y 16 abstenciones la proposición no de ley presentada por el grupo popular “relativa a establecer la lucha contra los malos tratos a las personas mayores como objetivo prioritario”.