Esta propuesta ha sido promovida por profesionales en esta área desde hace más de dos años y ha generado un movimiento popular e institucional de apoyo en la región gracias a las 221 asociaciones y plataformas que lograron aprobarla en 42 municipios que representan el 80% del electorado de la Comunidad de Madrid.

El objetivo de esta norma es “regular la educación inclusiva en los centros educativos sostenidos con fondos públicos que imparten etapas educativas obligatorias en la Comunidad de Madrid”.

En el texto se indica que a través de esta ley se articula "un conjunto de medidas encaminadas a impulsar un sistema educativo en la Comunidad de Madrid que garantice la inclusión de todo el alumnado, favoreciendo la presencia de la diversidad del alumnado en las aulas ordinarias, fomentando la plena participación y la convivencia respetuosa, y potenciando en cada persona el máximo desarrollo de todas las capacidades que componen su personalidad”.

Asimismo, se persigue “garantizar la equidad en los procesos de escolarización en los centros educativos sostenidos con fondos públicos que impartan etapas obligatorias en la Comunidad de Madrid” y “dotar de criterios de equidad y transparencia a los procedimientos de planificación de la oferta de plazas escolares en la Comunidad de Madrid”.

También se plantea “dotar a los centros escolares de profesorado, personal de apoyo, espacios y recursos didácticos suficientes y adecuados” e “impulsar el papel de la educación como instrumento de cohesión social”.