“El hecho de que las autoridades hondureñas no hayan identificado a quienes ordenaron el brutal asesinato de la defensora de los derechos humanos ambientales Berta Cáceres ni los hayan llevado ante la justicia pone en grave riesgo a cientos de defensores y defensoras de los derechos humanos”, ha señalado Amnistía Internacional en el segundo aniversario de su muerte.

El 2 de marzo de 2016, unos hombres armados mataron a tiros a Berta Cáceres, defensora de los derechos medioambientales e indígenas, en su casa de Intibucá, en Honduras. Junto con otros miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta luchaba contra el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca y el impacto que tendría en el territorio del pueblo indígena lenca.

“Dos años después de la trágica muerte de Berta Cáceres, que no se haya resuelto el caso y que sus responsables no hayan rendido cuentas ante la justicia transmite el escalofriante mensaje de que se puede matar impunemente a quienes defienden los derechos humanos si éstos se atreven a cuestionar a los poderosos en Honduras”, dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Amnistía Internacional ha documentado una constante de amenazas y estigmatización creciente contra quienes buscan la verdad, la justicia y contra las personas que aún se atreven a denunciar las acciones de poderosas empresas contra los pueblos indígenas o las comunidades campesinas locales.

La organización pide a las autoridades de Honduras que investiguen a los implicados en ordenar el asesinato de Berta y que estudien seriamente las pruebas y las líneas de investigación propuestas por su familia y abogados. También insta a las autoridades a que abran una investigación sin demora, exhaustiva y efectiva sobre las amenazas y ataques denunciados por defensores y defensoras de los derechos a la Tierra y medioambientales, y a que implementen medidas de protección efectiva adaptadas a sus necesidades y deseos.

La familia de la activista contrató a un equipo de abogados internacionales por encontrar graves deficiencias de la investigación oficial. El informe reciente de la investigación incluye datos que implicaría en el crimen a ejecutivos de alto nivel del ámbito empresarial y a agentes estatales, según informa Amnistía Internacional.

En relación con el juicio, cuyo inicio está previsto en junio, los abogados de la familia de la víctima y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras han pedido a la fiscalía y a las autoridades judiciales que garanticen que también se investiga y se hace comparecer ante la justicia a los responsables de ordenar el asesinato.