En declaraciones tras la rueda de prensa de presentación de los datos del paro, Díaz reiteró que la Xunta es más partidaria de políticas activas de inserción laboral que de subsidios y avanzó que el decreto de los polémicos 420 euros supondrá un coste para las arcas autonómicas de 14 millones de euros, que deberán ser desembolsados para acciones formativas. Frente a esto, contrapuso, el Estado aporta 17,5 millones.

"Los desempleados que vayan a recibir esta ayuda tienen que contar con un itinerario personalizado de inserción, en el que posiblemente vayan incluidas acciones formativas, como es lo lógico para mejorar su empleabilidad", explicó la responsable de la Consejería de Trabajo, que reiteró que dichas acciones corresponden a la Xunta.

"Debería haberse contado con las comunidades autónomas", lamentó Díaz, quien recordó que "no se ha hecho ni antes ni después de aprobar el decreto pese a que éste incide directamente en nuestras políticas activas y recursos financieros".