El Tribunal Constitucional ya estableció que no es posible la investidura de ningún candidato que no esté presente en el pleno convocado para su elección. Las posibilidades de que el magistrado le deniegue el permiso son elevadas, dado que ya ha rechazado peticiones similares y, en tal caso, la investidura no se podría producir.

Si la candidatura se hiciera oficial, Sànchez pediría permiso para acudir al acto de investidura, pero también solicitaría su libertad para poder asumir las responsabilidades que conlleva la Presidencia de la Generalitat. El juez considera al presidente de la ANC miembro del núcleo duro que impulsó las movilizaciones y diseñó la hoja de ruta para la declaración unilateral de independencia.

Hasta ahora Llarena ha esgrimido el riesgo de reiteración delictiva para denegar la libertad a Sánchez y convirtiéndose en presidente de la Generalitat este riesgo se multiplica, puesto que ocupando el puesto de máxima responsabilidad del Gobierno catalán sus recursos para volver a infringir la ley se multiplicarían. Por tanto, el riesgo de reiteración delictiva prevalecería sobre el derecho a la participación política del investigado, una visión que comparte la Fiscalía.

En todo caso, esos derechos de participación política están limitados sólo de manera parcial, puesto que se ha presentado a las elecciones del 21 de diciembre y ha sido elegido parlamentario autonómico, y podrá ejercer como tal si sale en libertad.

En cualquier caso, Sánchez y el resto de los investigados en esa causa podrían quedar inhabilitados para el ejercicio de cargo público en el momento en que el magistrado del Supremo cierre la instrucción y les impute el delito de rebelión, algo que podría suceder antes del verano.

En este momento, además de Sánchez se encuentran en prisión incondicional el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el exconseller de Interior Joaquim Forn y el presidente de Òmium Cultural, Jordi Cuixart.