Según informó este miércoles Plena Inclusión, en los diferentes desarrollos reglamentarios de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, “numerosas administraciones autonómicas han establecido una limitación de edad en el acceso de personas con discapacidad a plazas de atención especializada”.

Por ello, el Tribunal Constitucional consideró discriminatoria esta situación en una sentencia, con lo que se daba la razón a una persona con discapacidad intelectual mayor de 65 años que había sido derivada por la Comunidad de Madrid a un centro de la tercera edad y que reclamaba una plaza en un centro con apoyos específicos a su discapacidad.

Esta tarde, Plena Inclusión pondrá sobre la mesa el resultado de esta sentencia en la reunión del Consejo Nacional de la Discapacidad, con el fin de elevar a las administraciones autonómicas la necesidad y urgencia de modificar sus respectivos reglamentos para que “acaben con esta vulneración de derechos. Nuestra organización espera que esta sentencia sirva de ejemplo para que las administraciones adapten sus normativas a los tratados internacionales en aquellos aspectos en que aún se sigue discriminando a personas por razón de su discapacidad”.