En un comunicado, los técnicos de Hacienda indicaron que el 63% de los jubilados españoles están exentos del pago de IRPF, por lo que no se verían beneficiados por la medida. En concreto, según Gestha son más de seis millones de pensionistas quienes cobran menos de 12.000 euros al año, por lo que no tienen que pagar IRPF.

Por ello, los técnicos resaltan “el alcance limitado de esta medida, todavía en el aire y sin concretar, que beneficiaría a un tercio de los pensionistas con mayores ingresos”, y consideran que la intención del Gobierno con esta propuesta podría ser “la suma de apoyos en aras de aprobar las cuentas públicas y calmar los ánimos tras las masivas protestas que están teniendo lugar en toda España para defender la suficiencia del sistema público de pensiones”.

Según Gestha, los pensionistas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias serían los menos beneficiados por esta medida, frente a los de las provincias de Madrid, Barcelona y Zaragoza, que serían a quienes más beneficiaría.

En cualquier caso, Gestha matiza que su estimación debe calificarse como “prudente”, al señalar que “muchas personas con pensiones superiores a los 12.000 euros, umbral a partir del que se empezaría a tributar, tampoco pagarían IRPF en caso de sufrir algún tipo de discapacidad o cuando superan los 65 o 75 años”.

No obstante, los técnicos recuerdan que si alguno de estos pensionistas obtuviera rentas distintas de la pensión, como son las del capital, las derivadas de arrendamientos o de cualquier otra naturaleza, estaría obligado a presentar la correspondiente declaración del IRPF.

Asimismo, los técnicos aseguran que el ahorro que supondría la aplicación de deducciones en este impuesto para las personas de edad más avanzada beneficiaría a los jubilados que reciben las mayores pensiones o a los que tienen otro tipo de ingresos por arrendamientos, por ejemplo.

En este sentido, explican que, dado que la pensión media en 2016 no llegó a los 8.500 euros anuales, incluyendo todas las modalidades, “el problema de los pensionistas es fruto de la cuantía de las prestaciones, no de su tratamiento fiscal”.

Por su parte, el secretario general de Gestha, Jose María Mollinedo, señaló que la subida del 0,25% es “irrisoria frente a las cinco décimas que escaló el Índice de precios de consumo (IPC) en febrero y que no deja de restar poder adquisitivo a los pensionistas”.