El diputado de Izquierda Unida Ricardo Sixto explicó que la propuesta será defendida por el grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y se presenta a raíz de que varios ayuntamientos de la Comunidad Valenciana hayan sido denunciados por la Delegación del Gobierno por colocar en los balcones la bandera republicana coincidiendo con la conmemoración del 14 de abril.

La última sentencia ha sido contra el Ayuntamiento de Buñol, pero hay otros pendientes de fallo judicial, recordó Sixto, entre ellos Sagunto, Silla o Algemesí, en todos los casos por la exhibición de la bandera republicana en el balcón. Aunque no es un asunto que afecte solo a la Comunidad Valenciana, subrayó que en este caso los consistorios han sido denunciados por la Delegación del Gobierno, y ello a pesar de que la colocación de la bandera republicana no ha alterado la ubicación que corresponde a todas las oficiales.

La coalición plantea introducir un nuevo apartado al artículo 6 de la Ley 39/1981 por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas, para que las administraciones públicas puedan "colocar de forma temporal enseñas, banderas, símbolos históricos, distintivos y cualquier otra manifestación gráfica de la libertad de expresión sin mayor limitación que la que sea de aplicación a cualquier espacio público y la establecida en la legislación sobre respeto a los derechos fundamentales, derechos humanos y memoria histórica".

Esa colocación, precisa en la redacción propuesta de ese nuevo apartado, se haría siempre "respetando la ubicación y preminencia" establecida en esa misma ley para la bandera de España y el resto de banderas oficiales, "y sin alterarlas de forma alguna".

En la exposición de motivos, Izquierda Unida recuerda que las administraciones públicas han ido acordando de forma pacífica la colocación, en lugares distintos de las enseñas oficiales, de banderas o estandartes con muy variada significación y mensajes. Subrayan, por ejemplo, que se ha consolidado la colocación de simbología relativa al Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, o al 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI, así como otros muchos "días o motivos especiales, ya sea de motivación reivindicativa, cultural o deportiva".

Sin embargo, denuncian, "la colocación de la bandera oficial de la Segunda República con motivo de la conmemoración de su proclamación, en lugares distintos a los reservados a la enseña actualmente oficial y sin suponer ningún menoscabo para la misma ni vulneración de lo dispuesto en la Ley 39/1981, sí que ha supuesto la intervención de los tribunales al respecto, con el resultado de ser condenados los ayuntamientos que lo permitieron o acordaron".

La coalición considera que la Ley debe ser interpretada como garantía de la ubicación con preeminencia y en el lugar de honor que le corresponde de la bandera oficial de España y del resto de insignias oficiales. Sin embargo, precisa, "no debe ser interpretada como forma de limitación ni de la autonomía de otras administraciones públicas garantizada por el artículo 137 de la Constitución, ni de la limitación de los derechos y libertades fundamentales".

Por ello, proponen una modificación legal, "para garantizar que fuera de los espacios preferentes y de honor en los que se deben colocar las enseñas oficiales en todo edificio y establecimiento de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado, se podrán colocar otras enseñas históricas, reivindicativas, culturales o deportivas, sin más limitación genérica que las que establezcan las leyes para cualquier otro ámbito o espacio público".