Podemos plantea que este organismo, dependiente de la Asamblea de Madrid, tome las medidas necesarias para que se haga un seguimiento especialmente directo de la situación y evolución de los menores extranjeros no acompañados (MENAs).

Serra dijo que el Gobierno regional debe poner los recursos necesarios para que los menores extranjeros no acompañados tengan iguales derechos que el resto de niños. Asimismo, en la en la iniciativa se insta a “crear protocolos para el registro de situaciones de violencia en el interior de los centros donde se acogen a estos menores, bien sea entre los propios internos, de los trabajadores a los internos o de los internos a los trabajadores”, “facilitar mediante este registro el seguimiento de todas las acciones tomadas ante casos de violencia y sus resultados” y garantizar que todo menor agredido va al hospital y que en la consulta entra solo.

En el texto se incluye que “en el caso de que un trabajador del sistema de protección esté imputado por violación de los derechos de la infancia deje de estar empleado en estos centros o puestos relacionados con la atención a la infancia”.

Podemos también propone ”agilizar los trámites para que no pasen más de diez días desde que se detecta un menor en situación de desamparo hasta que ingresa en un recurso público”.

Asimismo, insta a “garantizar que los recursos de atención a los MENAs cuentan con unas ratios y un número de plazas adecuados y coherentes con las Recomendaciones de Naciones Unidas sobre los Cuidados Alternativos a la Infancia”.

También se incluye la “elaboración de un convenio con el Colegio de Abogados para que se establezca un turno de oficio especializado en MENAs y un mecanismo para que los niños y adolescentes interesados accedan libremente a estos abogados” y que “cada vez que un niño tutelado acuda a asistencias policiales denunciando situaciones que impliquen directamente a los guardadores de los centros se informará a este turno de oficio”.

Además, plantea que la Consejería de Políticas Sociales y Familia elabore un informe sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados en la Comunidad de Madrid y los planes a desarrollar con indicadores que permitan evaluar esos planes a posteriori.

Finalmente, la proposición no de ley también pide a la Comunidad de Madrid que inste al Gobierno central a reformar el Reglamento de Extranjería para “garantizar la asistencia de un letrado con formación específica de los y las menores no acompañados en el procedimiento de determinación de la edad, desde el momento que llegan a territorio español”.