El sistema de comercio de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés) cubre desde 2005 las emisiones contaminantes de 11.000 plantas eléctricas e industriales, a las que se exige estar en posesión de un permiso de emisión por cada tonelada de CO2 que arrojen a la atmósfera.

Se trata de una piedra angular de la política de la UE en la lucha contra el cambio climático, ya que abarca un 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea.

La mayoría de esos permisos se venden en subastas. Sin embargo, una parte se concede de forma gratuita a las compañías en riesgo de deslocalización, es decir, las que podrían trasladarse fuera de la UE a regiones con reglas medioambientales menos ambiciosas.

La UE es el tercer emisor del mundo, tras China y Estados Unidos. Su meta medioambiental es lograr una reducción de las emisiones del 40% en 2030 en comparación con los niveles de 1990.

Cuando la UE creó el sistema de comercio de emisión calculó que la tonelada de CO2 costaría unos 30 euros. La realidad fue otra porque el precio del carbono llegó a bajar hasta los 2,46 euros en su momento más crítico, en abril de 2013, y ahora se paga algo más. Por tanto, en la práctica resulta muy barato contaminar y las compañías tienen poco incentivo para invertir en tecnologías limpias.

NOVEDADES

La reforma de la directiva aprobada hoy culmina el proceso legislativo comunitario y entrará en vigor al 20º día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Se trata de un paso significativo para que la UE alcance su objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40% para 2030 y cumplir sus compromisos en virtud del Acuerdo de París.

El nuevo sistema incluye como novedades una reducción anual de un 2,2% en el tope del volumen total de emisiones (factor de reducción lineal), se duplica las concesiones que se colocarán en la reserva de estabilidad del mercado hasta 2023 (tasa de alimentación) y un nuevo mecanismo para limitar la validez de los derechos de emisión en la reserva del mercado por encima de un cierto nivel a partir de 2023.

La directiva revisada también contiene nuevas disposiciones para proteger a la industria contra el riesgo de fuga de carbono y el riesgo de aplicación de un factor de corrección intersectorial: La proporción de derechos de emisión que se subastará será del 57%, con una reducción condicional de la participación de la subasta en un 3% si se aplica el factor de corrección intersectorial. Si se activa, se aplicará de manera uniforme en todos los sectores.

Las reglas revisadas de asignación gratuita permitirán una mejor alineación con los niveles de producción reales de las empresas y se actualizarán los valores de referencia utilizados para determinar la asignación gratuita.

Los sectores con mayor riesgo de reubicar su producción fuera de la UE recibirán una asignación gratuita total. La tasa de asignación gratuita para los sectores menos expuestos a la fuga de carbono ascenderá al 30%. A partir de 2016 comenzará la eliminación gradual de esa asignación gratuita para los sectores menos expuestos, salvo el sector de calefacción urbana. Los Estados miembro de la UE pueden seguir proporcionando una compensación por los costes indirectos de carbono en línea con las normas de ayudas estatales.