En noviembre de 2017, la CNMC ya elaboró de oficio un informe sobre el proyecto de real decreto recién aprobado, en el que alertaba sobre las restricciones a la competencia que incluye y su falta de justificación.

Por un lado, prohíbe comerciar con las licencias de vehículos VTC durante dos años. La CNMC considera que esta prohibición desincentiva que nuevas empresas entren en el mercado, ya que limita su capacidad de abandonarlo en ese tiempo.

Con esta medida, la CNMC considera que se limita la liquidez del mercado secundario de licencias, cuya función es facilitar que haya más empresas en el mercado y esto terminará repercutiendo negativamente sobre los pasajeros, usuarios de los servicios VTC.

Por otro lado, la CNMC rechaza que se obligue a los titulares de las VTC a comunicar a un registro administrativo los datos de cada viaje antes de su realización.

Para Competencia, esta medida supone una barrera a la movilidad geográfica de las compañías VTC, tanto por la exhaustividad de la información que se les requiere como por la exigencia de comunicación del viaje antes de completarlo.

A este respecto, la CNMC señala que no se aprecian motivos que justifiquen la creación de un registro a escala nacional donde deban figurar singularmente cada uno de los servicios prestados por cada operador antes de que se realicen. Se trata de un control administrativo de la actividad que podría perfectamente realizarse a posteriori.