Los datos de la patronal cementera apuntan que 2017 cerró con un consumo de 12,3 millones de toneladas, tras crecer un 11% durante el ejercicio. Este incremento del consumo se debe principalmente, según la organización, a la edificación de viviendas residenciales. Pese a ello, aseguraron que “estamos muy lejos” de una posible burbuja inmobiliaria.

No obstante, el presidente de Oficemen, Jesús Ortiz, recordó que la industria cementera ha perdido un 80% del volumen de actividad desde 2007. “A pesar del repunte de la actividad doméstica, no tenemos que olvidar que estamos al 50% del nivel normal de actividad”, señaló Ortiz. En este sentido explicó que, en cuanto a consumo, “la situación se equipara con la de los años 60”.

Asimismo, lamentó el “déficit” de la actividad constructora en España, que afecta, entre otras cosas, al empleo. En este sentido, estima que si se recuperaran niveles normales de consumo de cemento, se generarían en España 500.000 puestos de trabajo. Respecto a la obra civil (que suele representar un 60% del consumo de cemento), afirmó que “sigue en mínimos históricos” y su previsión es que se contraiga a lo largo de 2018.

Esta “caída en la inversión pública sin precedentes” acarrea, según Ortiz, otro problema. Se trata de una constante pérdida de ‘stock’ de capital público que se produce desde 2012 y que “podría superar los 30.000 millones de euros”.

En cuanto a las exportaciones, cerraron 2017 con una caída cercana al 10% (menos de 9 millones de toneladas). Para el presidente de Oficemen, la causa de este descenso son los costes eléctricos, que suponen un 40% de los costes de producción variables de la industria cementera. Por ello, Ortiz afirmó que la posición de España como primer exportador de cemento de la Unión Europea y octavo en el mundo “podría peligrar de mantenerse los costes actuales”.

Para finalizar, Ortiz señaló que “hemos iniciado el camino de la recuperación”, si bien “no estamos donde podríamos y deberíamos estar”. Además, el director general de Oficemen, Aniceto Zaragoza, lamentó que aún no se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado. En su opinión, se trata de “un lastre”, porque “la financiación que podría derivarse de ellos no la tenemos”.