La secretaria nacional de Igualdad de CSIF, Marian Mur, detalló que en este escrito de demanda, presentado por los servicios jurídicos de CSIF ante el Juzgado de lo Social de Algeciras, se denuncia que el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción “no paga lo mismo a dos trabajadoras municipales con la misma categoría y funciones que sus compañeros varones”.

La diferencia salarial es de 290 euros menos al mes (sobre un sueldo de 1.040 euros) a lo largo de cinco años, lo que se traduce en 3.480 euros menos al año. De este modo, la cantidad total que estas trabajadoras dejaron de percibir es de 17.400 euros.

A este respecto, Mur señaló que “se desmonta el mito de que en la Administración no existe la brecha salarial” y animó a todas las mujeres afectadas por estas situaciones a “denunciar esta discriminación por género”. “Si nuestra Administración no da ejemplo, difícilmente podemos hacer que las empresas privadas cumplan las medidas de igualdad”, añadió la secretaria de Igualdad.

El caso se remonta a octubre de 2013, cuando el consistorio, por “necesidades de personal” modificó la categoría profesional de cuatro trabajadoras, que pasaron de limpiadoras a peones sepultureros. Sin embargo, el Ayuntamiento no igualó el salario de estas empleadas con el de los hombres que ya venían realizando estas funciones en el cementerio de la localidad.

Dos de estas trabajadoras, María Ángeles Torres y Margarita Durán, presentaron las correspondientes demandas de reconocimiento de derechos y reclamación de cantidades después de que el propio Ayuntamiento de La Línea desestimara íntegramente las reclamaciones que interpusieron.

En estas demandas, CSIF invoca el artículo 35 de la Constitución, que rechaza la discriminación por razón de sexo en la remuneración del trabajador, así como el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, sobre igualdad de remuneración por razón de sexo.

Durán explicó su punto de vista ante esta situación, señalando que “te da coraje que tengas que realizar un trabajo exactamente igual a ellos y que, a la hora de recibir el pago, no sea igual”. También contó cómo, al acudir a la Junta de Andalucía, “nos dijeron que tuviéramos paciencia, que lo arreglarían, pero llevamos cinco años y la cosa va a peor”. Matizó, además, que sus compañeros hombres apoyan su reclamación.

Por su parte, el responsable de la asesoría jurídica de CSIF, Pedro Poves, aseguró que “el Ayuntamiento ha tenido posiciones contradictorias” al reconocer diversos pluses a las denunciantes pero negarse a pagarlos. No obstante, pese a la “mala gestión” del Consistorio, Poves afirmó que “seguimos abiertos a dialogar con ellos”.