Durante esta audiencia previa celebrada en Bilbao, Iberdrola ratificó los planteamientos expuestos en sus escritos de contestación.

A lo largo del encuentro quedaron fijados los hechos y centrado el objeto del pleito, que tendrá que determinar la razonabilidad o no de la decisión de los accionistas de Iberdrola de destituir al consejero designado por ACS. Una decisión que la eléctrica motiva en la existencia de un conflicto de competencia estructural, directo y permanente entre ambos grupos.

Iberdrola ha ratificado su alegación de que la acción planteada por ACS ha caducado, al haberse superado con creces el plazo legal de 40 días tras la Junta que tenía para impugnar los acuerdos. Además, ha recordado que la agrupación de acciones que permitió a ACS la designación de un consejero titular y uno suplente quedó sin efecto tras la celebración de la Junta a petición de la propia ACS.

La empresa que preside Ignacio Sánchez Galán ha incorporado al procedimiento varios documentos e informes que acreditan la situación de competencia entre ambas compañías, entre los que figuran dos informes periciales de la firma Nera Economic Consulting, cuatro informes periciales de PricewaterhouseCoopers y un nuevo informe pericial firmado por Benito Arruñada, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Asimismo, el juez ha denegado a ACS la incorporación al procedimiento de una serie de dictámenes periciales para reforzar el soporte probatorio que acompaña a la demanda, a lo cual se ha opuesto Iberdrola alegando extemporaneidad.

El pasado julio, el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao ya denegó las medidas cautelares solicitadas por ACS al considerar que no se había acreditado que el conflicto de intereses entre ambas compañías sea sólo "accesorio y puntual" -como defiende la compañía que preside Florentino Pérez-.

Iberdrola (representada en la audiencia de este jueves por Uría Menéndez y en cuya defensa participa también Cortés Abogados) demandó, a su vez, las cuentas de la constructora en el ejercicio 2009, ya que entiende que existe "una duda muy razonable" de que estos resultados sean "ilícitos". No obstante, el juez Carlos Nieto Delgado, del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, decidió "desestimar íntegramente" la solicitud de medidas cautelares presentada por Iberdrola contra ACS.