La proposición, registrada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y dirigida a la Mesa del Congreso, se refiere a "la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género", para dar “protección jurídica” a las personas identificadas como transsexuales y garantizar sus derechos en el ámbito sanitario, educativo, laboral, social, económico y político.

En declaraciones a la prensa, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, subrayó que este viernes es “un día histórico para los colectivos de personas trans y también para el conjunto de la sociedad”, e indicó que su propuesta “pretende garantizar los derechos de las personas transexuales que en España y en todo el mundo han sufrido siglos no sólo de marginación, exclusión y discriminación por ser personas transexuales, sino una gran patologización de su situación”. “Son seres humanos, deben tener todos sus derechos garantizados”, reclamó, y calificó la proposición de ley de “pionera”.

DEMANDA HISTÓRICA

Su compañera de grupo parlamentario María del Mar García Puig matizó que la iniciativa trata de dar respuesta a una “demanda histórica” de tener “una ley específica que trate global e integralmente la realidad a la que se enfrentan en el día a día las personas trans”, y recalcó que en algunos ámbitos estas personas están “completamente excluidas”, pues, por ejemplo, tienen tasas de desempleo de hasta el 85%. Por ello, dijo que la proposición de ley es “valiente y ambiciosa” y marcará un antes y un después a nivel mundial.

En representación del colectivo, Mar Cambrollé, portavoz de la Plataforma Trans, pidió a todos los grupos políticos “que no den la espalda” a estas personas y aprueben el texto, como ocurrió en el Parlamento andaluz en el año 2014. De no ser así, agregó, seguirán considerándose “ciudadanos de segunda”. “Es una cuestión de derechos humanos”, aseveró.

Cambrollé recordó que “hasta ahora sólo se había impulsado una ley de registro legal, pero eso no es suficiente”. “Tenemos el nombre en el DNI, pero tenemos cerrado el mercado laboral, la sanidad nos trata como enfermos mentales y somos discriminados en el deporte y en la sociedad”, explicó.

En declaraciones a Servimedia, Gonzalo de las Heras, portavoz de la Federación Arcoiris (que agrupa a 14 asociaciones que representan a unas 50.000 personas), apoyó la iniciativa porque el colectivo trans “no se puede permitir más suicidios”, ni vivir de las “migajas” legislativas, por lo que exige una ley “que recoja la totalidad” de las necesidades de las personas transexuales, sin diferencias de trato según la autonomía donde residan y que impida que “la única salida” laboral sea la prostitución “en la carretera de Jaén a 20 euros los 20 minutos”.