La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, denunció en una rueda de prensa que el PP, PSOE y Ciudadanos defienden posiciones políticas “que privilegian el agua como un negocio” y de esta forma no evitan “que se convierta en un instrumento al servicio de los ladrones y de los que quieren convertir nuestro derecho en algo con lo que especular”.

Por su parte, el diputado de Unidos Podemos, Pedro Arrojo, que presentó junto a Montero esta iniciativa, calificó el acceso al agua potable y al saneamiento como un “derecho humano”. Explicó que se trata de una “exigencia” que viene de Europa y alertó de que existen "presiones privatizadores" sobre un recurso como el agua que constituye "un patrimonio público"

En la exposición de motivos de la proposición de ley, Unidos Podemos sostiene que la Directiva Marco del Agua exige la adaptación de las legislaciones estatales a los objetivos de sostenibilidad y apuntan que esta iniciativa “presta atención específica a la caducidad de las concesiones hidroeléctricas, cuando culmina el periodo de concesión, estableciendo la obligación de estudiar, valorar y decidir la posibilidad de desmantelar las instalaciones, para mejorar el estado del río”.

La iniciativa propone adaptar la legislación de aguas a los estándares establecidos por el Convenio de Aarhus de 1998, un tratado internacional que regula los derechos de participación ciudadana en relación con el medio ambiente. “Esto permitirá entender el agua en sus dimensiones ambientales, de patrimonio común y como fuente de vida, más allá de su valor como recurso productivo”, según consta en la exposición de motivos de la proposición.