Cataluña

El Congreso rechaza derogar el decreto que facilita a las empresas el traslado de sede

MADRID
SERVIMEDIA

El Pleno del Congreso de los Diputados mostró este martes su rechazo a una proposición no de ley del PDeCat para derogar el real decreto ley de medidas urgentes en materia de movilidad de los operadores económicos dentro del territorio nacional, con el que se facilita el traslado de la sede social de las empresas.

A falta de la votación, que tendrá lugar el jueves, la posición durante el debate de PP, PSOE y Ciudadanos –que suman mayoría- contraria a derogar el real decreto supondrá el rechazo de la propuesta del PDeCat.

El portavoz económico del PDeCat en el Congreso, Ferrán Bel, señaló que la motivación de la norma no era otra que dar una respuesta a la “imposibilidad” de impedir la celebración de referéndum de independencia de Cataluña del pasado 1 de octubre.

“El Gobierno tenía que reaccionar ante tal fracaso, y no tuvo otra ocurrencia que fomentar” el traslado de empresa fuera de Cataluña, dijo Bel, quien acusó al Ejecutivo de hurtar a los accionistas o socios de las empresas las decisiones sobre las sedes.

La propuesta del PDECat recogía también establecer que todas las empresas que hayan trasladado su domicilio social por decisión del órgano de administración con posterioridad a la entrada en vigor real decreto, el pasado 7 de octubre, deban ratificarlo en su junta de accionistas.

Bel señaló que de Cataluña salieron 2.536 empresas en 2017, pero que no todo se puede achacar al ‘procés’, para agregar que de Madrid se fueron 1.279 y preguntarse si es que Cristina Cifuentes, presidenta de la región, es independentista.

Desde las filas del PNV, Idoia Sagastizabal dijo que su formación está a favor de la derogación de la norma porque facilitar el traslado de la sede social no responde “ni a criterios jurídicos ni económicos”.

Por su parte, Gabriel Rufián, de ERC, señaló que el decreto fue una “norma irresponsable y una barbaridad legislativa”, para agregar que se trata de un “a por ellos económico, una iniciativa más contra la soberanía del pueblo de Cataluña”.

El diputado de Unidos Podemos, Josep Vendrell, lamentó que el Ejecutivo haya optado por el “castigo” a Cataluña por la deriva independentista de una parte de sus políticos, e impulsar la “asfixia económica” con el hecho de facilitar el traslado de la sede. “En lugar de generar seguridad crearon inseguridad”, añadió.

RECHAZO A LA DEROGACIÓN

El diputado del PSOE José Zaragoza preguntó por qué a ERC o PDeCat les parece mal que se marchen las empresas de Cataluña por las políticas de los independentistas y apoyan que Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, se haya escapado a Bruselas. “Sus mentiras nos han perjudicado a todos”, aseguró.

Además, el portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, explicó que la fuga de empresas es culpa de ERC y PDeCat, unos “visionarios” que decían que las empresas no se irían de Cataluña, si no que vendrían más. “Han dinamitado la economía catalana”, dijo Roldán, que acusó a las formaciones independentistas de “irresponsables” y de tener un mensaje “populista”.

Por su parte, el diputado del PP Jordi Roca planteó “cómo no van a huir de ustedes –ERC y PDeCat- las empresas que pueden”. Roca quiso ser optimista y señaló que se puede superar el ‘procés’, algo para lo que “debemos ser todos generosos”. “Así volverán las empresas”, sentenció.

MILES DE TRASLADOS

La norma, que entró en vigor el pasado 7 de octubre tras el referéndum ilegal del 1-O, aclara quiénes son los órganos competentes para aprobar el cambio de sede social por parte de las sociedades que así lo decidan.

Así, se facilitan los trámites de manera que solo si existe una declaración expresa en contrario por parte de los estatutos de la sociedad, será el Consejo de Administración el competente para aprobarlo.

Desde la celebración del referéndum ilegal del 1-O miles de empresas decidieron trasladar su sede social fuera de Cataluña, entre las que se encuentran seis cotizadas del Ibex-35: Sabadell, CaixaBank, Gas Natural, Colonial, Abertis y Cellnex.

CaixaBank fue una de las empresas que se benefició del real decreto, y aprobó el traslado de su sede de Barcelona a Valencia tras la entrada en vigor del cambio normativo.

(SERVIMEDIA)
20 Feb 2018
BPP/gja