En declaraciones a Servimedia, Ibarra subrayó que “éste es un caso muy doloroso, porque nos encontramos ante un proceso de reagrupamiento familiar irregular. Ahora en el juicio se va a determinar la responsabilidad del padre, aunque no se trata de tráfico ilegal de personas, sino que detrás de todo ello hay una gran dimensión humana que espero que tenga en cuenta el juez”.

En mayo de 2015, la Guardia Civil localizó al menor en el interior de una maleta en la frontera del Tarajal, en Ceuta, que transportaba una joven marroquí, para quien la Fiscalía pide seis años de cárcel.

Un año antes, en 2014, el padre del pequeño Adou concibió la idea de obtener de las autoridades españolas la autorización de residencia por reagrupamiento familiar, por lo que inició los correspondientes trámites pero su solicitud fue rechazada. Entonces decidió introducir ilegalmente a su hijo poniéndose en contacto con unos desconocidos a los que pagó 5.000 euros.

Según el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, “es posible que este hombre no supiera que a su hijo lo iban a transportar dentro de una maleta. También es cierto que el desconocimiento de la ley no le exime, pero hay que ser sensible porque lo punitivo no debería conllevar una sanción penal. La petición de la Fiscalía de tres años de cárcel es excesiva”.

“Es cierto que el padre de Adou tomó un camino equivocado, pero esto no debería conllevar una pena de prisión, sino una sanción. Por lo tanto, espero que no se pierda la perspectiva humana, que la respuesta de la justicia sea proporcionada, y no hay que olvidar que una reagrupación familiar compleja como ésta puede dar lugar a situaciones desesperadas”, puntualizó Esteban Ibarra.