Fuentes jurídicas indicaron que el magistrado preguntó al expresidente si está dispuesto a comparecer ante el tribunal siempre que sea llamado, a lo que Mas respondió afirmativamente.

Tras celebrarse la vistilla de medidas cautelares, el magistrado decidió dejarle en libertad bajo el compromiso de que permanezca a disposición del tribunal.

Por su parte, la acusación popular ejercida por el partido conservador Vox solicitó, al igual que hizo ayer con Marta Rovira, una vistilla de medidas cautelares en la que defendió que se decrete libertad provisional bajo fianza mínima de 60.000 euros, la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales ante el juzgado más próximo a su domicilio. La Fiscalía se adhirió a la petición de Vox de dejarle en libertad bajo fianza de 60.000 euros.

Mas ha sido incluido entre los investigados por el instructor Pablo Llarena por los cargos que ejerció como presidente del partido y porque formaba parte del comité estratégico del proceso soberanista catalán, que aparece citado en el documento 'Enfocats' incautado por la Guardia Civil en un registro.

Este plan de ruta estaba consignado en una libreta con anotaciones manuscritas, incautado en el domicilio de Josep Maria Llové, mano derecha del exvicepresidente de la Generalitat en prisión preventiva Oriol Junqueras.

Mas está siendo investigado por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Tanto la Fiscalía como la acusación popular pidieron libertad bajo fianza de 60.000 euros para la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Para la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, nadie pidió medidas cautelares y salió en libertad.

El expresidente catalán estuvo arropado hoy por un grupo de compañeros de partido y dirigentes independentistas, entre los que figuraban Jordi Xuclà, Miriam Noguera o David Bombeí, ambos del PDeCAT; miembros de ERC como Teresa Jordà y Bernat Picornell, y el vicepresidente de la Associació de Municipis per la Independència, Jorgi Gaseni.

Artur Mas se convirtió en marzo de 2017 en el primer presidente autonómico condenado por desobedecer una resolución judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le impuso una pena de dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 pese a que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional.

El expresident “pervirtió los principios democráticos” junto a dos cargos de su Gobierno, también condenadas: la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza Irene Rigau. Los tres fueron absueltos, en cambio, del delito de prevaricación.

Su abogado, Javier Melero, presentó recurso ante el Supremo argumentando que la pena era “excesiva” y solicitando que se revoque la condena de forma íntegra o al menos en la parte referida a su posible presentación como candidato a unas elecciones.