Tras la solicitud del ministerio público, el juez ha dado un plazo de tres días a todas las partes personadas en la causa para que se pronuncien sobre la petición del fiscal y una vez conocido su parecer tomará una decisión.

Si el magistrado decide declarar esta causa como compleja, el período de instrucción se alargaría de seis a 18 meses a contar a partir de la fecha del auto de apertura de diligencias previas, fechado el pasado 31 de octubre, de modo que el plazo de instrucción terminaría a finales del mes de abril de 2019.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) de 2015, que redujo a seis meses la instrucción de los procesos penales, ampliable a 18 para investigaciones complejas, como la corrupción, ha sido fuertemente contestada por los partidos de la oposición, que abogan por derogar el nuevo artículo 324 de la ley que regula esos plazos.