Así lo señaló Garrido en un desayuno informativo organizado por Executive Forum España en el que subrayó que, pese a la reducción de la tasa de paro en unos 10 puntos desde máximos en el periodo de crisis y que España encadenará en 2018 cinco años consecutivos de crecimiento, “no podemos caer en la autocomplacencia, necesitamos aún dos años más” para confirmar que España ha salido de la crisis.

En este escenario, apuntó que “es muy importante no revertir las reformas que se han puesto en marcha y consolidar la recuperación”.

El crecimiento es “equilibrado y sostenido” y además es “estructural”, según Garrido, pero existen “vulnerabilidades”.

En este sentido, hizo un repaso de la situación política en Cataluña, que generó “incertidumbre” y “obligó a reducir las previsiones de crecimiento en 2018” hasta el 2,3%.

Sin embargo, la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña “ha dado una cierta normalidad económica al funcionamiento de la comunidad autónoma” y “lo que esperamos es que en los próximos Presupuestos, en el cuadro macroeconómico, corregir al alza este crecimiento”.

Precisamente, respecto a los Presupuestos dijo que el objetivo del Gobierno es lograr los apoyos para sacarlos adelante antes de la primera semana de marzo y trasladar así “confianza” en España en el ámbito internacional.

Preguntada por la situación de las pensiones, Garrido lanzó un “mensaje de tranquilidad” y aseguró que el cobro de las pensiones está garantizado con los recursos del Fondo de Reserva, los ingresos por cotizaciones, los impuestos y con el Tesoro.

NO HAY SIGNOS DE BURBUJA

Por otra parte, la secretaria de Estado también fue preguntada sobre si en España hay signos de una nueva burbuja inmobiliaria. Garrido explicó que la subida de tipos de interés que se está produciendo en el sector de la construcción responde a la “normalización de la política monetaria” en el ámbito europeo.

“En ningún momento se observa un sobrecalentamiento” en el sector inmobiliario y “no vemos signos de burbuja”, aclaró. En esta línea, destacó el proyecto de Ley de crédito inmobiliario, que surge por la trasposición de una directiva europea pero en el que “el Gobierno está yendo muchísimo más allá en aras de proteger a los ciudadanos y a los hipotecados y dotar de seguridad al mercado hipotecario español” al tiempo que se elimine la litigiosidad derivada de los contratos hipotecarios.