En una conferencia con analistas con motivo de la presentación de los resultados de la compañía en 2017, Llardén dijo que, aunque “técnicamente hemos dejado de cobrar”, la sentencia “no pone en duda la necesidad de que el Gobierno traspase a Enagás el mantenimiento y la operación por razones de seguridad”.

Por ello, mostró su confianza en que el Ejecutivo encuentre una solución de tipo legislativo que permita el cobro, ya que reveló que el Ministerio de Energía le ha asegurado que se van a computar estos costes en la futura orden ministerial del sector del gas.

Por otro lado, Llardén se refirió a los posibles cambios en la retribución del sector que podría llevar a cabo Energía. A este respecto, explicó que en el peor de los casos Enagás espera un recorte de 20 millones.

A este respecto, lamentó la “bruma regulatoria” surgida y el “ruido enorme sobre este tema que ha afectado a todas las empresas del sector”.

En todo caso, destacó que el sistema gasista ya no genera déficit y que de seguir como está conseguirá eliminar el existente entre 2023 y 2024, mucho antes de la fecha prevista, que es 2031. Además, sugirió que una de las maneras de favorecer la reducción de dicho déficit es que deje de incluir los costes generados por el ‘Castor’.

Por todo ello, Llardén afirmó que “no procede ningún otro ajuste de la retribución al margen del expresamente previsto en 2021”, ya que la única fórmula que permitiría su revisión previa sería que se produjera un desvío del déficit superior al 10%.

Por último, Llardén afirmó que “queda muy claro que en cualquier caso el Gobierno no está contemplando un cambio regulatorio de tipo importante ni acelerar la entrada en vigor de la nueva regulación”.