Lo hizo registrando una propuesta de resolución en relación con el informe de fiscalización de los partidos realizado por el Tribunal de Cuentas en la que solicita que “se investigue si Cs ha cumplido con todas las obligaciones tributarias correspondientes a dichos servicios de asesoría en relación con el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido u otros impuestos o figuras tributarias”.

El PP demanda que esté en posesión de la Agencia Tributaria “toda la documentación y reflejo contable referente a los gastos de los grupos institucionales de Cs por un importe de 860.444,93 euros en 2014 en concepto de servicios de asesoría prestados por el partido al grupo, sin que disponga de justificación documental del desglose y la naturaleza de dichos servicios”.

También los “1.166.480 euros en 2015 en concepto de gastos por disposición de bienes que, en realidad suponen traspasos de fondos de los referidos grupos institucionales al partido, sin que se haya aportado documentación justificativa del desglose y la naturaleza de dichos servicios”.

El PP recuerda que el artículo 17.3 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos considera como “infracción grave la presentación de cuentas incompletas o deficientes que impidan al Tribunal de Cuentas llevar a cabo su cometido fiscalizador durante un ejercicio”, por lo que pide al Tribunal que explique cuáles son las razones por las que no considera graves que haya partidos que “no reflejen adecuadamente la situación financiera y patrimonial de la formación al cierre del ejercicio debido a la importancia cuantitativa de varias salvedades”.

Asimismo, quiere que el Tribunal aclare sus “criterios” para calificar de “eventuales casos de infracción” las prácticas realizadas por algunos partidos, como son “la no identificación de personas físicas que realizaron donaciones, las donaciones recibidas de personas jurídicas, los pagos efectuados por terceras personas contabilizados como donaciones en especie de facturas, la participación de partidos a través de sociedades mercantiles en los rendimientos de actividades de carácter mercantil y el incumplimiento del deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas”.