Con esta ley, “no hacemos otras cosa que cumplir la Constitución, que no se cumple en esta materia”, subrayó en rueda de prensa la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, durante la presentación de la proposición de Ley para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en materia retributiva, con la que “peinamos bien el sistema legal y parlamentario” español.

En resumen, con esta iniciativa, que propone auditorías salariales anuales, en las que se publiquen cuadros salariales por sexo, el PSOE apuesta por modificar seis normas legislativas y dos reales decretos, entre las que está la Ley de Igualdad de 2007 que se aprobó durante el mandato del Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.

Se trata de una norma, destacó, que “mira todo el ámbito laboral y ocupacional, es decir, todos los lugares donde la mujer está trabajando”, remarcó. “Una ley para que se cumpla la legalidad que no cumplimos”, dijo la exministra y doctora en Constitucional, quien agregó que "estamos en situación inconstitucional, ilegal, porque no se han tomado los mecanismos suficientes para dejar de sostener una situación injusta", bien "por inacción o por omisión".

El tipo de sanciones que contempla esta norma pueden ser por falta muy grave, para aquellas empresas que no tengan un Plan de Igualdad, o grave para aquellas que, pese a tenerlo, no lo cumplan o que no ofrezcan un libro de registro salarial. Luego, cada sanción varía su graduación según el número de trabajadores de las empresas.

En la iniciativa, el PSOE también exige que todas las empresas superiores a seis trabajadores tengan que tener un libro de registro salarial con discriminación por sexo a disposición de todos los empleados.

VIOLENCIA DE GÉNERO

“En el IRPF no se nos discrimina, en el salario sí”, apuntó Calvo en la presentación de esta iniciativa, con la que buscan un acuerdo con el resto de formaciones para que pueda salir adelante y de ahí que, según reconocen desde Ferraz, no sea una ley de máximos sino de mínimos.

La iniciativa también incluye un capítulo para la lucha contra la violencia de género con la modificación del régimen estatutario de los funcionarios, al entender que el Estado es el que tiene que dar el primer paso para proteger a las mujeres.

“Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma”, dice la iniciativa presentada por Calvo.