Su entonces subordinado y hoy responsable del cuerpo, Ferran López, tendrá que declarar como testigo. La magistrada le imputa un nuevo delito de sedición por la pasividad de los agentes autonómicos durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Según Lamela, la pasividad de la fuerzas policiales autonómicas permitió que se celebrase el referéndum independentista. La magistrada amplía así la investigación al 1-O y cita de nuevo a declarar a Trapero y a su sucesor, que en su primera declaración defendió la actuación del que fuera su superior jerárquico.

Trapero estaba imputado por el acoso a la Guardia Civil del pasado 20 de septiembre, cuando un importante número de manifestantes rodeó la sede de Economía del Gobierno catalán impidiendo la salida de la comisión judicial que estaba procediendo al registro de las dependencias por orden de un juez de Barcelona.

La secretaria judicial tuvo que ser evacuada por los Mossos a través de un edificio colindante, después de más de 20 horas confinada en la ConseJería. Los manifestantes estuvieron allí más de un día y provocaron graves destrozos en tres vehículos oficiales de la Guardia Civil.