Además, la propuesta del PDECat recoge establecer que todas las empresas que hayan trasladado su domicilio social por decisión del órgano de administración con posterioridad a la entrada en vigor real decreto, el pasado 7 de octubre, deberán ratificarlo en su Junta de Accionistas.

Para la formación catalana, este real decreto fue una práctica legislativa “fraudulenta” para “disimular que la verdadera motivación es que se quiere promover y facilitar la salida de las sedes sociales de Cataluña sin que los socios lo puedan impedir”.

La norma, que entró en vigor el pasado 7 de octubre tras el referéndum ilegal del 1-O, aclara quiénes son los órganos competentes para aprobar el cambio de sede social por parte de las sociedades que así lo decidan.

Así, se facilitan los trámites de manera que solo si existe una declaración expresa en contrario por parte de los estatutos de la sociedad, será el Consejo de Administración el competente para aprobarlo.

Para el PDECat, “dicha modificación sustrae de la Junta General esta competencia, aunque ya la tuviera reservada expresamente, y lo hace de tal manera que el órgano de administración podrá tomar este acuerdo de trasladar la sede social incluso en contra la voluntad explícita de los socios o accionistas”.

Desde la celebración del referéndum ilegal del 1-O miles de empresas decidieron trasladar su sede social fuera de Cataluña, entre las que se encuentran seis cotizadas del Ibex-35: Sabadell, CaixaBank, Gas Natural, Colonial, Abertis y Cellnex.

CaixaBank fue una de las empresas que se benefició del real decreto, y aprobó el traslado de su sede de Barcelona a Valencia tras la entrada en vigor del cambio normativo.