La iniciativa, una de las prioridades legislativas para el partido que lidera Albert Rivera, busca incrementar la independencia del fiscal general del Estado respecto del Gobierno de turno, y este martes se juega que sea tramitada o no en el Congreso de los Diputados.

En la exposición de motivos, Ciudadanos recuerda que el Ministerio Fiscal actúa de acuerdo a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad. Sin embargo, denuncia, actualmente existe una "sombra de sospecha" sobre su actuación que obliga a "intervenir legislativamente con el objeto de sustraer esta importante institución del debate partidista".

Así, argumenta que es urgente solucionar la "indeseable pero permanente vinculación" entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal. Para ello, y aunque la Constitución dice que el fiscal general del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ciudadanos no ve inconveniente en que dicho nombramiento sea "fruto de un amplio consenso parlamentario".

Para asegurar la autonomía del Ministerio Fiscal, propone establecer la obligación de que las comunicaciones entre Fiscalía y Gobierno sean por escrito, eliminando toda injerencia política en el desarrollo de las funciones de ese organismo.

Ciudadanos considera que la actual composición del Consejo Fiscal distorsiona su papel de representación del conjunto de la carrera fiscal y que sus normas de elección no favorecen la participación de la totalidad de los fiscales sino solo la de los miembros de algunas de las asociaciones profesionales. Por ello, sugiere dotar a ese órgano de nuevas competencias en cuanto a nombramientos, formación o facultad disciplinaria, y modificar su régimen electoral y su composición.

La propuesta incluye una modificación para garantizar la plena autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal, con una sección específica propia en los Presupuestos Generales del Estado.

La proposición de ley consta de un único artículo que modifica 17 preceptos de la actual Ley reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En el articulado, la proposición establece que el fiscal general del Estado sea nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo Fiscal y el CGPJ y previo trámite parlamentario "entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de veinticinco años de ejercicio efectivo de su profesión que no hayan desempeñado ningún cargo público o electivo durante los últimos diez años".

Ese trámite parlamentario consistiría en que, una vez recibidos los informes del Consejo Fiscal y del CGPJ, el Gobierno remitiría su propuesta al Congreso para disponer la comparecencia del candidato y evaluar sus méritos e idoneidad. Tras esa comparecencia, el Pleno sometería a votación el nombramiento, entendiéndose ratificado por el voto favorable de al menos dos tercios de los miembros de la Cámara. En caso de ser rechazado, el Gobierno tendría un mes para presentar otra candidatura.

El mandato sería de seis años y antes de concluir este plazo solo podría cesar a petición propia, por incurrir en incmpatibilidad o prohibición establecida en la ley, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, o por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones o de los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad, extremo que sería apreciado por el Pleno del Congreso de los Diputados por esa misma mayoría.

Ciudadanos propone un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley para que el Gobierno remita al Congreso la propuesta de nombramiento del nuevo fiscal del Estado de acuerdo con el procedimiento previsto en la norma.