En la exposición de motivos, ERC argumenta que la distinción de títulos nobiliarios "nace de privilegios establecidos en la Edad Media y que han sido legitimados, perpetuados y ampliados por sucesivas legislaciones a lo largo de la historia".

El origen de la legitimidad en el actual Estado español, explica ERC, legalmente proviene de las Siete Partidas del rey Alfonso X: señor de Castilla, Toledo, León, Galicia, Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén y el Algarve. Dicho reconocimiento, refrendado por las Cortes de Alcalá de 1348 de Alfonso XI y traspuesto a la legislación de la Edad Moderna mediante la Novísima Recopilación impulsada por Felipe III en 1615, permaneció tal cual hasta el siglo XIX, con el tránsito del Antiguo Régimen al Estado liberal.

"En la práctica, dicha distinción suponía la legalización de un sistema feudal, clasista, en que por razones de nacimiento, unas clases poderosas y ociosas (nobleza) vivían con lujos a costa de unas clases trabajadoras, explotadas y sumisas (plebeyos), que sobrevivían sin más derechos, libertades ni recursos que aquellos que la graciosa voluntad de los señores les permitían", subraya ERC.

El tránsito del Estado feudal al Estado liberal supone una primera limitación de los privilegios al reconocer la igualdad de derechos y deberes civiles y políticos de los ciudadanos (no de las "ciudadanas"), a pesar de lo cual reconoce la distinción por "rango y honor" de las personas, afirmando así en parte la validez del Derecho Histórico.

Los privilegios suprimidos en 1820 serían restablecidos en 1836 y esa situación se mantuvo hasta la I República, cuando se estableció no conceder más títulos nobiliarios en un futuro, aunque de nuevo la situación anterior fue restituida en 1874. De nuevo ya en el siglo XX la Constitución republicana de 1931 limitó los privilegios de los títulos nobiliarios, y la dictadura volvió a restaurarlos.

ERC denuncia que la llegada de la democracia no supuso la derogación de la legislación franquista en este ámbito y, muy al contrario, han sido de nuevo legitimados y se han creado nuevos títulos nobiliarios y sucesorios, con el consentimiento del Tribunal Constitucional al amparo de la legislación franquista vigente. Considera por ello que el Estado democráticao actual debe entroncar con la herencia de los procesos de democratización de los siglos XIX y XX y suprimir el reconocimiento de las distinciones clasistas de la nobleza por parte del Estado.

Por ello, quiere que el Congreso inste al Gobierno a "realizar las modificaciones legales oportunas a fin de que el Estado no reconozca distinciones y títulos nobiliarios". Esa modificación, añade, incluiría a todas las instituciones del Estado y a los diferentes reconocimientos actualmente vigentes (legislación, Registro Civil, protocolo…), e implicaría tanto el no reconocimiento de los vigentes como el no otorgamiento de nuevas distinciones y títulos nobiliarios en el futuro.