Así lo aseguró el secretario de Emprendimiento Ciencia e Innovación del PSOE, Francisco Polo, en una rueda de prensa en Ferraz, junto a la secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, tras la reunión de trabajo de los responsables y miembros de la Ejecutiva de los diez acuerdos de país que está impulsando el PSOE.

Polo denunció que en 2016 la inversión en I+D se redujo en España hasta el 1,19%, cuando la media en la UE es del 2%. Además, recordó la situación de alrededor de 37.000 investigadores que han tenido que marcharse de España para poder tener una carrera estable en otro país.

Avanzó que la primera propuesta que incluye este acuerdo es “crear de nuevo de un ministerio sectorial que lidere las cuestiones de I+D para poner a la ciencia al más alto nivel político y poder resolver no sólo los problemas a los que se enfrentan los científicos a día de hoy, sino poner en marcha la maquinaria para convertirlo en un motor que nos ayude a avanzar más rápido hacia el futuro”.

INVERSIÓN

Otro eje de este acuerdo pasaría por “alcanzar el 2% de inversión del PIB en I+D antes de 2020, lo que se debería traducir en, al menos, un 2,5% de los PGE para la misma fecha. Es decir, pasar de un gasto de 13.000 millones a un gasto de 22.000 millones”. Además, “el PSOE se compromete a mantener este nivel de financiación o a incrementarlo en las próximas décadas”, apuntó.

Asimismo, los socialistas plantean “un plan de rescate para la incorporación, recuperación y consolidación del talento científico”. “Queremos que vuelvan más de 10.000 científicos jóvenes con criterios de excelencia y que ese retorno venga ligado a una incorporación permanente y consolidando su puesto de trabajo en el sistema de ciencia español”, señalo Polo, que contabilizó el coste de este plan en 1.500 millones de euros y que debería gestionar la Agencia Estatal de investigación.

Como tercer eje del acuerdo, se refirió a la creación de una Agencia Estatal que siga los patrones de las agencias internacionales, donde el director es una persona independiente y hay una financiación estable de carácter plurianual, y a la revisión y simplificación de procedimientos administrativos para permitir una mayor flexibilidad en el funcionamiento de los centros públicos.