Según informa la patronal, el volumen de páginas publicadas se dividió en 731.525 en los boletines oficiales de las comunidades cutónomas y un total de 223.043 páginas editadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Además, el pasado año se aprobaron 517 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal, lo que supone un incremento del 18,6%, respecto de las 436 normas adoptadas en el año anterior.

A este respecto, CEOE recuerda que 2016 fue un año excepcional, cuya actividad legislativa estuvo condicionada por la existencia de un gobierno en funciones durante buena parte del año.

El análisis de CEOE destaca que las 517 normas aprobadas en 2017 son el segundo registro más bajo de toda la serie histórica. En este sentido, apunta que “la naturaleza más diversa del arco parlamentario de la actual legislatura podría haber afectado a esta menor proliferación de normas en términos comparados”.

En opinión de CEOE, “el entramado legislativo español está caracterizado por una elevada densidad y complejidad, lo que obliga a las empresas a bregar con un alto, y a menudo disperso, nivel de regulación, que origina distorsiones en el mercado y un alto nivel de cargas administrativas”.

Según advierte la Confederación, esta situación “impacta directamente sobre nuestra capacidad de crecimiento económico, pues erosiona la competitividad de nuestras empresas, que se ven obligadas a destinar notables recursos y esfuerzos a cumplir con la regulación existente, a veces injustificada o desproporcionada”.

Por todo ello, insiste que “si España quiere convertirse “en polo de competitividad en la economía globalizada, ha de contar con una Administración y una legislación simplificada, moderna, estable y al servicio de las necesidades de las empresas y los ciudadanos”.