Este Congreso, que cuenta con 600 inscritos, presta especial atención a la próxima entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público. Este nuevo panorama se caracteriza por la obligatoriedad de que todas las licitaciones públicas en España sean electrónicas.

Marín Quemada hizo hincapié en la importancia de la contratación pública, que supone un 20% del PIB a nivel nacional, además de subrayar que su digitalización “tendrá grandes consecuencias para la economía española”. Entre estos beneficios destacan un ahorro de aproximadamente un 20% en gastos de contratación y una reducción de en torno al 60% en el tiempo destinado a buscar proveedores.

Asimismo, el presidente de la CNMC explicó cuatro medidas que, a su juicio, son “necesarias” para mejorar los trámites de contratación pública. La primera es la propia tramitación electrónica, que según Marín Quemada permite “un mejor tratamiento de los datos”. En segundo lugar está el acceso a la información digitalizada, que “agilizaría los trámites” y favorecería “la promoción de la competencia”.

La tercera medida es “la agregación de la información disponible en una única fuente”, mientras que la cuarta y última hace referencia a la “verificación y validación de los datos publicados”.

Además, Marín Quemada señaló que “debemos plantearnos nuevos retos” en los que “ir más allá de lo exigido por la ley”. Así, el presidente de la CNMC se mostró a favor de implantar medidas como la identificación a través de huella electrónica, que en su opinión “abre muchas posibilidades para controlar los procedimientos de contratación y evitar así la manipulación”. Todas estas medidas, matizó, están orientadas a “impulsar un uso más eficiente y sensato de los fondos públicos”.