En concreto, según el servicio de estudios de BBVA, para el bienio 2018-2019 será necesario un ajuste de 0,9 puntos porcentuales del PIB al año, algo más de 900 millones de euros, para llegar a los objetivos exigidos por la Comisión Europea.

En este contexto, prevé que el ciclo económico continúe corrigiendo el deterioro en las cuentas públicas, pero a un ritmo menor al que lo hizo en 2017, dadas las previsiones de moderación del crecimiento para los próximos años.

Así, en un escenario sin cambios en la política fiscal, el déficit se reduciría hasta alcanzar el -2,3% del PIB en 2018 y -1,7% en 2019, ligeramente por encima de los objetivos de estabilidad (-2,2% en 2018 y -1,3% en 2019).

A este respecto, BBVA advierte de que la política fiscal del bienio va a estar condicionada por el calendario electoral y la situación política actual, que ha impedido aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2018 y repercutido en la agenda reformadora. Además, señala que están pendientes, entre otras, la reforma del sistema de financiación autonómica9 y la del sistema de pensiones.

Asimismo, teme que la proximidad a la culminación del ciclo electoral en algunas autonomías y ayuntamientos puede alentar presiones para relajar el ajuste del déficit público, como ya se observó en 2015 cuando se produjeron desviaciones generalizadas de la regla de gasto.

INCUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En cuanto a 2017, las previsiones de BBVA Research anticipan el cumplimiento del objetivo de estabilidad pese a que el comportamiento entre administraciones es dispar. De esta manera, mientras que se estima que las comunidades autónomas y las corporaciones locales (estas últimas holgadamente) hayan cumplido con sus objetivos de estabilidad, resulta probable que la administración central haya cerrado 2017 con un déficit por encima de su objetivo.

Finalmente, espera que la Seguridad Social haya reducido su déficit, pero no con la intensidad suficiente como para cumplir el -1,4% del PIB del objetivo.