En concreto, esta propuesta ha recibido el respaldo de los portavoces del PSOE, ERC, PNV, PDeCAT y Compromis y el rechazo del PP, Ciudadanos y Foro Asturias, partido cuyo fundador, Francisco Álvarez Cascos, impulsó la construcción de las autopistas quebradas cuando era ministro de Fomento con José María Aznar.

En defensa de la iniciativa, Yolanda Díaz denunció que la intención del Gobierno” es malvender por 700 millones de euros” estas autopistas que, según la diputada de Podemos, “están en manos de la corrupción, de esa forma de gobierno que ha caracterizado al PP”. “Esta iniciativa Habla del interés público, de la ciudadanía y del bien común”, añadió Díaz, quien sentenció que “la gente está harta de ver como la saquean”.

Por su parte, José María Barrios (PP) justificó su rechazo a la propuesta de Unidos Podemos porque “no se puede recuperar para lo público lo que ya es público” y defendió la necesidad de utilizar el sistema concesional para construir infraestructuras. Pese a las críticas, coincidió con Podemos en la decisión de no prorrogar las concesiones que vencen a partir de este año.

Asimismo, destacó que en España “el 80% de las vías de alta capacidad son gratuitas, algo que no pasa en países de nuestro entorno”. También destacó que “este ha sido el primer Gobierno que ha decidido no prorrogar las concesiones”.

En nombre del PSOE, César Ramos explicó que su formación apoya la propuesta porque “su filosofía es correcta”, aunque advirtió de que “deja muchas dudas abiertas”. A este respecto, criticó que supone que los ciudadanos deben afrontar el coste del rescate de las autovías y que no establece que las autopistas deban ser gratuitas cuando vuelva su gestión al Estado.

En cuanto a Ciudadanos, Toni Roldán explicó que su formación rechaza la propuesta pese a coincidir en “el diagnóstico” de que el origen es “el bipartidismo de amiguetes”. Sin embargo, la diferencia, apuntó, es que considera que “la cooperación público-privada puede ser estupenda en beneficio de los ciudadanos” y que Podemos no explica como piensa pagar el coste de que el Estado asuma estas infraestructuras.

De llevarse a cabo esta petición de Podemos, unos 1.600 kilómetros de autopistas pasarían a ser gestionadas por el Estado. Se trata del 70% del total de los kilómetros de autopistas con peaje de competencia estatal.

En concreto, la propuesta normativa pide “mantener en el sector público las 9 autopistas quebradas y rescatadas con dinero público, renunciando de forma explícita a volver a privatizarlas, dando marcha atrás en los pasos que ya ha dado para volver a adjudicárselas al sector privado”. Esto supondría la paralización inmediata del procedimiento de licitación de dos contratos de servicios para la realización de algunas de las actividades preparatorias necesarias para volver a privatizar esas vías.

Asimismo, la proposición pide “no ampliar los periodos de ninguna concesión de las actuales autopistas de peaje a medida que vayan alcanzando el final del período concesional en los próximos años, de tal forma que su explotación se realice de forma directa por el sector público, empezando por las que terminan entre 2018 y 2021”.