Así figura en una proposición de ley registrada hoy por En Común Podem, que incide en el carácter voluntario de dicha decisión. En declaraciones a la prensa, el diputado Joan Mena apuntó que "los conciertos educativos nacieron bajo los principios de subsidiariedad y complementariedad", a fin de cubrir la demanda que la red pública no satisfacía por sí sola.

Sin embargo, prosiguió, "en la actualidad España representa una anomalía a nivel internacional, con un gasto privado en educación del 0,6% del PIB, cuando la media comunitaria es del 0,37%". "Somos el tercer país con mayor porcentaje de estudiantes en centros concertados o privados, solo por detrás de Bélgica y Malta", indicó. "En Francia, Alemania, la católica Italia o la envidiada Finlandia, entre otros, la educación es fundamentalmente pública: 89,2% en Educación Primaria y un 83% en Secundaria en la UE-28, frente a un 67,3% de España".

La proposición de ley presentada hoy quiere corregir esta situación y hacer de la red pública "la columna vertebral y el eje fundamental del sistema educativo", ya que es "la única que garantiza la equidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social", agregó.

No obstante, su propósito es lograrlo de forma paulatina, y lo primero que especifica es que para solicitar la conversión en centro público, el colegio ha de contar con el acuerdo de la comunidad educativa (familias y profesores), así como presentar una serie de informes sobre sus instalaciones, situación económica y recursos humanos.

Para ello, pretende introducir un artículo único de modificación en la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, a fin de reconocer como centros públicos "aquellos cuyo titular sea una administración pública".

En dicho texto se establece también que las administraciones educativas "deberán garantizar la suficiencia de plazas en el sistema público, para lo que se fomentará la integración voluntaria de centros concertados a la red pública".

Por último, añade que "el Gobierno tiene la obligación de impulsar y facilitar y podrá ayudar económicamente, si las administraciones competentes lo necesitan, a la integración voluntaria de centros concertados en la red educativa pública, según establezcan las comunidades autónomas dentro del ámbito de sus competencias".