Así lo expresa el Gobierno en el recurso presentado esta mañana por la Abogacía del Estado contra la decisión del Ayuntamiento de Arenys de Munt de convocar un referéndum el próximo 13 septiembre de 2009 para que sus ciudadanos se pronuncien sobre la independencia de Cataluña.

El texto hace especial hincapié en que esta consulta “vulnera la competencia exclusiva del Estado para convocar referéndum sobre cuestiones de especial transcendencia política, así como para autorizar consultas populares municipales”, tal y como viene establecido en la Constitución.

“Resulta evidente que una consulta popular en relación a si se apoya la secesión de una parte del territorio nacional para convertirse en un Estado independiente es una cuestión de transcendencia política nacional”, señala el recurso.

Fuentes del Ministerio de Justicia explicaron a Servimedia que la decisión de interponer un recurso contra la consulta se debe al “caso omiso” efectuado por el Ayuntamiento de Arenys de Mar a los requerimientos de la Delegación del Gobierno en Cataluña.

Además de indicar que el ejemplo de Arenys de Munt podría tener un “efecto multiplicador” en otros municipios de la geografía española, el recurso afirma que la consulta podría suponer un grave perjuicio para “la estabilidad social y política” de España debido a “la vinculación de la misma con conceptos esenciales de nuestra Constitución como son la soberanía nacional e integridad de la nación española”.

El recurso fue presentado esta mañana ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Barcelona. En concreto, la Abogacía pide la suspensión del acuerdo municipal por el que se promovió el referéndum.

La consulta popular sobre la independencia de Cataluña, que fue promovida por el grupo Moviment Arenyenc per a l'Autodeterminació, fue aprobada en el pleno del municipio celebrado el pasado 4 de junio por todos los grupos excepto el PSC. En Arenys gobierna la formación Arenys de Munt 2000 -coalición entre ERC e ICV- junto a CiU y los socialistas.