Así se desprende de las respuestas escritas del Gobierno a una pregunta formulada por la diputada socialista Rocío de Frutos a la que ha tenido acceso Servimedia. En concreto, en el conjunto de 2016 se abrieron 185 expedientes sancionadores, ocho más que en 2015, cuando sumaron 177 expedientes.

En lo que respecta a las actuaciones, la Inspección de Trabajo realizó 3.593 en el ejercicio 2016, un 10,7% más que en 2015. En el primer semestre de 2017, la cifra fue de 2.827. Por su parte, el número de requerimientos a empresas se situó en los 876 en 2016, un 9,9% más que en el ejercicio previo, y de enero a junio de 2017 eran 595.

A raíz de estas actuaciones, en la primera mitad de 2017 se contrataron a 795 personas con discapacidad. En el conjunto de 2016, esta cifra se situó en los 4.151, duplicando el registro de 2015 (2.092).

En la respuesta escrita, el Gobierno explica que la Inspección viene realizando desde 2010 una campaña a nivel nacional referida a la integración laboral de trabajadores con discapacidad, ejerciendo así una labor permanente de vigilancia del cumplimiento por parte de las empresas de 50 o más trabajadores, tanto públicas como privadas, de la obligación de que su plantilla cuente al menos con un 2% de trabajadores discapacitados. Durante el año 2018, “está previsto que se mantenga esta campaña, intensificando de esta forma las actuaciones de control” por parte de la Inspección.