Según informó Justicia, el anteproyecto aplicará al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los secretos comerciales. Esta norma europea tiene por objeto armonizar la legislación en la materia de los Estados miembros de la Unión y fomentar la competitividad.

Con este fin se pretende establecer normas mínimas comunes en la UE “en materia de protección de los titulares de secretos empresariales frente a la obtención, utilización y revelación ilícitas de los mismos y frente a la explotación no consentida de mercancías infractoras”.

Se busca, por un lado, garantizar que la competitividad de las empresas europeas que se basa en información empresarial no divulgada esté protegida de manera adecuada y, por otro, mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado interior.

“HERRAMIENTAS EFECTIVAS”

Justicia explicó que “las empresas están cada vez más expuestas a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos empresariales como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad que comprometen la capacidad de su titular legítimo para aprovechar las ventajas que por su labor de innovación le corresponden”. En consecuencia, la creatividad empresarial se puede ver desincentivada con los consiguientes efectos para la inversión y el buen funcionamiento del mercado.

El anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales regula aquellos aspectos procesales que permiten ofrecer a los titulares de secretos empresariales “herramientas efectivas” para la tutela judicial de su posición jurídica a través de un sistema de acciones robusto y de un proceso eficaz y respetuoso con las garantías de justicia y equidad pero desprovisto de formalidades innecesarias y concebido para tramitarse en un plazo razonable.