Durante el periodo que estuvo abierta la consulta, entre julio y septiembre, el ministerio recibió 109 respuestas. La mayor parte correspondieron a empresas (38%), seguidas de asociaciones (25%), instituciones públicas (17%), ciudadanos a título individual (13%) y autónomos y Universidad (7%).

La mitad de los participantes (52%) considera adecuados los principales retos marcados por el Gobierno para establecer la “hoja de ruta digital”, mientras que un 31% cree que la estrategia “debería ser objeto de replanteamiento”.

Sobre el modelo institucional que sería más adecuado para la vigilancia y sanción en materia digital, la mayoría de las respuestas aboga por la creación de una agencia de regulación digital (39%). El 26% ve más idóneo recurrir a la justicia ordinaria y el 24% apuesta por un departamento ministerial competente en la materia, mientras que el 21% apoya confiar este cometido a una autoridad de defensa de la competencia.

En la identificación de las áreas en las que puede ser más precisa la intervención regulatoria digital, sobresalen “la defensa de los derechos de los consumidores” (76%), “la captación, almacenamiento y explotación de datos” (68%) y “la defensa de la competencia” (65%).

“TRANSFORMACIÓN DIGITAL INCLUSIVA”

Cuando lanzó la consulta pública, el ministerio que dirige Álvaro Nadal dijo que esta sería “un paso fundamental para diseñar una hoja de ruta digital en la que todos los actores interesados y ciudadanos puedan posicionarse”.

El objetivo del Gobierno es crear un espacio de diálogo permanente con el número más amplio de representantes de la sociedad para que la transformación digital sea “eficaz, productiva, inclusiva y solidaria”, según señaló el ministerio en un comunicado.

Uno de los asuntos por los que se preguntó en la consulta pública es cuáles son las mayores barreras que existen hoy para la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas.

La “escasa formación digital de los empleados” es señalada como la principal barrera (76% de las respuestas), por delante del “desconocimiento de los potenciales beneficios” (70%), la resistencia al cambio (65%) y la “falta de recursos financieros” (62%).

A la pregunta de cuáles son los aspectos a mejorar de manera prioritaria las habilidades digitales de los ciudadanos, la mayoría refieren la “alfabetización e inclusión digital” (89%). Un 83% apunta al “reciclaje profesional hacia el nuevo entorno digital” y el 76% menciona “la formación digital para los trabajadores”.

Para abordar estas mejoras, la mayoría de las sugerencias abogan por la colaboración entre universidades y empresas y por la inclusión del conocimiento digital en la educación.