En un comunicado, CSIF destacó que la intervención en Cataluña derivada del artículo 155 prevé un procedimiento legal alternativo, diferente al de la aprobación por decreto ley, para que la Generalitat abone a sus empleados públicos la cantidad pendiente que queda de la paga extra de 2012.

Según el sindicato, las consecuencias de la falta de Gobierno son “evitables” utilizando el procedimiento de pago contenido en el 155. Por este motivo, exigió a los responsables de los departamentos correspondientes que “no hagan dejación de funciones y, en un acto de responsabilidad, hagan las gestiones oportunas” para que los trabajadores públicos de Cataluña perciban en marzo de 2018 la extra de 2012.

Finalmente, señaló que se reserva el derecho a emprender las acciones legales en caso de que la Generalitat no cumpla el pacto que firmó con los sindicatos para el abono de esta paga.