El magistrado dictó el pasado 22 de diciembre una providencia en la que amplía la investigación por el delito de rebelión a la secretaria general de ERC y número dos en las listas electorales, Marta Rovira; al expresidente de la Generalitat Artur Mas, y a la expresidenta del Grupo Parlamentario de la CUP, Mireia Boya. También imputaba a la exportavoz parlamentaria de la CUP, Anna Gabriel; la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras.

Todos ellos figuran en el documento `Enfocats´, en virtud del cual Llarena considera que los hechos que se investigan fueron acordados entre el conjunto de presidentes y portavoces parlamentarios de los partidos independentistas, a los que amplía la investigación.

Este miércoles también estaba citada Anna Gabriel, que finalmente deberá comparecer ante el magistrado el próximo 21 de febrero a las 09.30 horas, tras aplazarse su declaración. El cambio de fecha se debe a que su abogado, el exdiputado Benet Salellas, tiene un juicio programado para ese día.

El juez Llarena tomará declaración el día 19 a Marta Pascal y Marta Rovira, mientras que el expresidente Artur Mas y Neus Lloveras están llamadas a comparecer el martes 20. Por el momento, la CUP no ha desvelado su estrategia de defensa y es una incógnita si sus dos dirigentes acudirán al Supremo.

COMITÉ ESTRATÉGICO

El magistrado cree que todos ellos formaban parte del comité estratégico para la independencia, de acuerdo con los informes que le ha remitido la Guardia Civil. Les atribuye también la responsabilidad del diseño y puesta en marcha del plan estratégico para declarar la independencia de Cataluña fuera de las vías legales.

El documento 'Enfocats', incautado por la Guardia Civil, fija la composición del comité estratégico responsable de llevar adelante la hoja de ruta y contiene anotaciones del ex 'número dos' de Economía, Josep Maria Jové, sobre las reuniones mantenidas y las previsiones para el desarrollo del plan tras las elecciones de 2015. Jové está siendo investigado en la causa seguida por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

En su escrito, Llarena explicaba que las diligencias que hasta ahora se han practicado muestran que los hechos que se investigan se han podido desarrollar bajo la dirección y coordinación de un conjunto de personas entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del disuelto Parlamento de Cataluña, así como los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos independentistas y la presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI) .

Unas sospechas cuyo fundamento, según el juez, no solo se encuentra en que aparecen referenciados como integrantes del comité estratégico descrito en el documento `Enfocats´, “sino en otra serie de elementos que pudieran corroborar lo que en este documento se recoge”.

De un lado, Llarena destaca que todas estas personas aparecen identificadas como participantes en algunas de las reuniones que supuestamente sirvieron para “idear y pergeñar el proceso de ruptura que se investiga, tal y como se recoge en la agenda intervenida con ocasión del registro practicado en el domicilio de Josep Maria Jové Lladó”.

Llarena añade que todos estos nuevos investigados parecen haber tenido una participación principal y destacada en su desarrollo, “aportando el apoyo político que precisaron la actuación parlamentaria y la actuación de ejecución que llevaron este proceso a término”, tal y como detalladamente se refiere en el atestado elaborado por la Guardia Civil.

El juez actúa en la creencia de que Artur Mas nunca se ha desvinculado del proceso pese a su condena por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014 y cita expresamente que el pasado 22 de febrero participó en un acto en el que defendió la movilización ciudadana como instrumento de desobediencia.