Según informó La Moncloa, el Gobierno tiene previsto analizar, entre otras iniciativas, el anteproyecto de ley de secretos empresariales, que supone una trasposición de la Directiva Europea 2016/943, relativa a la protección de los secretos comerciales.

La ley define los secretos oficiales, determina aquellas conductas constitutivas de violación de estos secretos y determina el catálogo de acciones de defensa y demás medidas procesales.

Además, el Gobierno abordará el anteproyecto de ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, que también adapta el ordenamiento interno a la regulación recogida en el Reglamento comunitario 910/2014, que es de directa aplicación.

Para ello, se eliminan aquellos preceptos incompatibles con la norma comunitaria, se regula el régimen sancionador de los servicios de confianza diferentes de la firma electrónica y se regulan aquellos aspectos que el reglamento deja a la regulación por los Estados.