Así lo afirman los directores de Servicios Sociales al cumplirse el 30 aniversario de la firma de este plan, momento en el que creen que “hay que reivindicar el modelo de ‘pacto’ que supone no solo de cohesión social sino también, ahora que el tema es de tanta actualidad, un modelo de cohesión territorial, en el que la presencia de la Administración General del Estado se basa en el consenso y en su implicación efectiva como garante de condiciones básica de igualdad para todos sus ciudadanos, sea cual sea su lugar de residencia”.

Los compromisos de financiación establecieron la voluntad de financiar a terceras partes el coste de esta red, a cargo de las propias entidades locales, de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado, subraya la asociación de directores.

“Así, en los años 90 la Administración General del Estado financiaba hasta el 25% del coste de esta red. Sin embargo, de manera continuada ha ido reduciendo esta financiación, hasta situarse en un testimonial 2,9% en 2016 (último año del que se dispone de certificaciones oficiales): apenas 27 millones de euros, sobre un coste total de 944 millones, de los que las comunidades autónomas financian 321 millones (34%) y las entidades locales 597 millones (63%)”.

DESLEALTAD

“Su deslealtad en materia de financiación, y su falta de liderazgo técnico, están haciendo perder todo el potencial que este Pacto de Estado, el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales, podía suponer”, protestan en un comunicado.

30 años después, indican los directores sociales, la red de centros de servicios sociales, albergues y centros de acogida que financia este plan está implantada en 5.610 municipios, con una población de 41,6 millones de habitantes (94,7% de la población española, aunque en 2005 llegó a alcanzar al 99,2%).

Además, sostienen, un total de 5,8 millones de personas reciben alguna prestación básica a través de la misma (en momentos álgidos de la crisis alcanzó los 7 millones de personas). Así, por ejemplo, 432.000 personas reciben atenciones domiciliarias, más de 8.000 personas se alojan cada año en las 900 plazas de albergues y centros de acogida financiadas en esta red local, y 29.000 personas han encontrado empleo a través de las intervenciones de los centros de servicios sociales.