La declaración fue leída al final de la sesión por la secretaria primera del Congreso de los Diputados, Alicia Sánchez-Camacho, con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina, proclamado por la Asamblea General de la ONU para fomentar campañas de concienciación y medidas concretas para su erradicación.

Es una práctica, asegura la declaración, que supone violencia contra las mujeres que la sufren y que afecta directamente a su salud física, psicológica, sexual y reproductiva, una violación de los derechos humanos y una discriminación, por ser un acto de violencia que se ejerce contra mujeres y niñas por el hecho de serlo. Es un desafío global que afecta, según la OMS, a cuarenta millones de mujeres y niñas en el mundo.

El Convenio del Consejo de Europa contra la violencia de género, prosigue el texto, insta a promover un enfoque global e integrado contra esa lucha, y por ello el Gobierno español promovió en 2005 una reforma legal para hacer competente a la jurisdicción estatal para conocer los hechos fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse como mutilación genital femenina si sus responsables están en territorio español.

En 2014 la ONU instó a los Estados a intensificar sus esfuerzos, y el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión y a los Estados que adopten "medidas más eficaces". En 2015, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud advirtió de que aproximadamente 17.000 niñas de cero a catorce años estaban en riesgo de sufrir esa práctica en España, y el reciente Pacto de Estado contra la violencia de género la menciona como "parte de la violencia patriarcal que sufren algunas mujeres".

Por ello, el Congreso de los Diputados se compromete a perfeccionar los mecanismos para impulsar políticas públicas enfocadas a la erradicación de la mutilación genital femenina, algunas de las cuales pasan por reforzar la formación en prevención con una perspectiva intercultural y de género; por el impulso de modelos de intervención sociocomunitaria que implique a las familias; por el fortalecimiento de los servicios de salud públicos para que eviten esa práctica y traten las complicaciones que causa compicacioens que causan; y por el desarrollo legislativo que ponga en el centro las vidas de esas mujeres y niñas.