Durante su intervención en la jornada para presentar el informe de la OCDE ‘Pensions at a Glance 2017: How does Spain compare?’, el responsable de Inverco indicó que la tasa de sustitución en España, que mide la pensión con respecto al último salario, se sitúa en el 81%, frente al 42% de media en el entorno OCDE.

Este porcentaje va a ir disminuyendo hasta situarse en el 60% en 2030 aunque se mantendrá la diferencia con respecto a la OCDE, según precisó Martínez Aldama.

Esta situación, a su juicio, “nos tiene que llevar a plantear qué pensiones podemos, por un lado, financiar” pero también “introduzcamos una parte de capitalización en el sistema” para que las pensiones sean “sostenibles y adecuadas”.

En esta línea, apuntó que el modelo que defiende Inverco es el que se está implementando en Reino Unido, donde las empresas tienen la obligación de establecer planes de pensiones para sus empleados y estos, voluntariamente, pueden elegir si lo mantienen o no.

El máximo responsable de Inverco añadió que las cifras en Reino Unido “son muy positivas”, puesto que más de 500.000 empresas lo han incorporado y tan solo el 7% de trabajadores ha decidido no continuar con el plan.

Por otra parte, Martínez Aldama consideró que la reforma de pensiones aprobada en España tiene un periodo de transición “largo”, de hasta 2027, lo que dificulta que los trabajadores puedan conocer toda la información sobre la pensión de jubilación que pueden cobrar y tomar decisiones.

“Sería muy importante que los españoles tengan esta posibilidad de conocer cuáles van a ser sus ingresos para la jubilación el día de mañana”, dijo el presidente de Inverco, y añadió en esta línea que “sería bueno” que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo clarifique cuáles son las fuentes de financiación del sistema público, no solo a corto plazo sino a medio y largo plazo, “para que el sistema sea sostenible y se establezcan pensiones adecuadas”.

Además, apuntó la “conveniencia y necesidad de tener un plan de acción sobre el sistema de pensiones” y que se restablezcan los beneficios fiscales que tenían las empresas por implementar planes de pensiones.