Según informó el Gobierno en nota de prensa, el nuevo concierto social va a agilizar los actuales contratos que la Administración regional firma periódicamente con las organizaciones sociales para financiar sus servicios y prestaciones en centros de día y residencias.

“Otra de las ventajas es reforzar el derecho de participación de la iniciativa privada en la prestación de los servicios sociales. A los modos tradicionales, gestión directa e indirecta en el marco de la legislación de contratos, se añade ahora el concierto social con entidades privadas”, explicó la consejera.

La Administración puede encomendar de manera subsidiaria y complementaria a otras entidades la prestación de los servicios incluidos en el catálogo de servicios sociales mediante un régimen de concertación. El régimen de concierto, así previsto, es una modalidad diferenciada del concierto regulado en la normativa de contratación del sector público. La figura del concierto social está prevista en las directivas europeas, y ya la han introducido en sus legislaciones varias comunidades autónomas.

“Nuestra intención es que el decreto se apruebe en breve por parte del Consejo de Gobierno, e iniciar inmediatamente la redacción de la Orden que lo desarrolle. Queremos hacer esta orden escuchando a las entidades afectadas y recogiendo sus aportaciones, para ello vamos a crear los grupos de trabajo, para que sea un texto coordinado entre la Consejería y las entidades que están prestando esos servicios”, finalizó Tomás.