En un auto, el instructor subraya como factores para apreciar el riesgo de reiteración delictiva “la incerteza que existe de que la voluntad política mayoritaria sea respetar el orden legal para lograr la aspiración de independencia que aun hoy comparte el investigado” y “la todavía cercana determinación con la que el investigado condujo su grave actuación delictiva”, aun cuando sus aportaciones tengan que ser necesariamente ajenas a la actividad parlamentaria a la que ha renunciado.

Llarena considera que la instrucción hasta ahora realizada confirma la eventual responsabilidad del exconseller de Interior en la inactividad de los 17.000 agentes de los Mossos a su cargo ante la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O, y destaca en especial el testimonio del coronel Diego Pérez de los Cobos, como coordinador del dispositivo policial, que describió en su comparecencia ante el instructor una actuación policial contraria al cumplimiento de la orden de impedir la celebración de la consulta ilegal.

Una actuación, la de Forn, que según el magistrado estuvo siempre orientada a aparentar una voluntad de cumplimiento de las decisiones judiciales, pero poniendo en marcha un plan que impedía su observancia.