Una de las medidas que implica el Pacto de Estado contra la Violencia de Género -aprobado en diciembre del año pasado con una batería de 214 puntos para hacer frente a esta lacra y que comenzará a aplicarse este año- es mejorar los protocolos de protección para evitar que los agresores sigan teniendo contacto con sus víctimas y, en los peores casos, matarlas.

Recientemente salió a la luz que la primera víctima mortal de 2018, asesinada por su expareja el 19 de enero en Tenerife, había denunciado malos tratos y se la consideraba de “riesgo bajo”, después de que un juez archivara la causa por maltrato. La Policía Nacional la había recomendado “medidas de autoprotección” recogidas en el Plan de Seguridad Personalizado, y que implica precauciones como no convivir con el maltratador o evitar compartir espacios.

Las medidas de protección policial han sido cuestionadas tras la cantidad de mujeres asesinadas que habían denunciado previamente a su asesino: 11 sólo el año pasado. En diciembre de 2017 había 27.607 mujeres vigiladas por la Policía, de las cuales 216 estaban en riesgo alto y 19 en extremo, según datos del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén) consultados por Servimedia.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, anunció en diciembre que el Gobierno impulsaría este año las primeras 26 medidas del Pacto de Estado y que, para ello, garantizaría 200 millones de euros, un dinero que provendrá de una “modificación de crédito” en caso de que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado de 2018 antes de que acabe marzo.

Una de las medidas que ya han comenzado a aplicarse es la modificación de las estadísticas sobre violencia machista, pues a partir de este año el Gobierno contabilizará como dato estadístico el número de agresores que se suicidan y los que lo intentan tras matar.

Asimismo, tal y como recordó Montserrat el pasado miércoles en su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, se están analizando todos los protocolos de violencia de género para detectar cuáles son susceptibles de modificaciones. Entre esos cambios, se incluirá a los hijos e hijas en las valoraciones de riesgo de las víctimas, de manera que también cuenten en los planes de protección ante casos de violencia de género.